A partir de la toma de posesión de la junta directiva electa para el período comprendido entre el 16 de junio de 2011 al 16 de junio del 2013 se fueron dando una serie de anomalías dentro del Colegio de Arquitectos. Este informe contiene un resumen cronológico de la situación que ha llevado a una crisis sin precedente es esta institución gremial.
El descubrimiento
de las anomalías inicia con la divulgación de una nota, que el presidente de
junta directiva envió a la Junta de Administración del Timbre requiriendo el
10% de los ingresos de los fondos de las prestaciones de
los agremiados, para cubrir gastos del colegio. La divulgación de esta nota daría inicio a una
serie de denuncias sobre la crítica situación al interior del Colegio de
Arquitectos.
La
encubierta renuncia del Secretario de Junta Directiva a tres meses
de asumir el cargo, la ausencia a las actividades y posterior renuncia de
las Vocales 1 y 2 que pidieron que no se fuera a tomar represalia contra ellas y,
la falta de cumplimiento de la norma para convocar a elecciones a un mes de
establecerse la vacante, fueron otros de los acontecimientos que preocuparon a
los agremiados.
A
partir del retiro de tres de los siete funcionarios de la Junta directiva, comienza
a esconderse cada vez más y más, lo que pasa en el colegio, incluso se
construyen barreras físicas para que los agremiados no puedan ingresar a su
propia casa. Los funcionarios se resisten a dar información y existe una falta
total de conocimiento de lo qué pasa en el colegio y cómo se están usando sus
fondos. La resistencia a la transparencia ha sido de tal magnitud que tomaron
represalias contra quienes han pedido información o han divulgado las anomalías
existentes.
Quienes
se preocupaban por el 10% de los ingresos del timbre que demandaba el
presidente en un principio, se quedaron atónitos cuando se enteraron que se
había disuelto la Junta de Administración del Timbre y que un sujeto con
problemas legales tenía acceso a los fondos de prestaciones sin nadie que
velara por su protección. Con esa disolución pudieron hacer uso de mucho más de
un 10% de los ingresos del timbre.
La malograda
e incompleta Junta Directiva se ha resistido a realizar las asambleas
extraordinarias pero también a realizar las asambleas ordinarias establecidas
en la ley de colegiación profesional obligatoria. No obstante en octubre de 2012 la junta
directiva se ve acorralada y por fin convoca. La sesión que correspondía realizar en junio
de 2012, se realiza cuatro meses después de lo legalmente establecido. En
esta sesión, en la que existió intimidación por medio de guardaespaldas y
fotógrafos, la asamblea general, además de no aprobar los informes del 2012 y
desaprobar el presupuesto para el 2013, tomó la decisión de hacer una auditoría
forense. Pero dicha sesión ordinaria sería impugnada por personas afines a la
junta directiva que ni siquiera estuvieron presentes. La resolución a
dicha impugnación no se dio. Primero venció el tiempo para el que fueron
electos, pero esa impugnación sirvió de excusa para evitar la auditoría
reclamada por los colegiados.
Para
agregar, las esquivas autoridades, despidieron al personal administrativo
para contratar gente de su confianza, supuestamente para cubrir cualquier
situación irregular. Dejando a varias personas sin trabajo.
Una
muestra más de la inhumanidad de quienes conducen nuestra institución fue disminuir
en un 50% la pensión por incapacidad total y permanente o invalidez que le corresponde a varios de los
agremiados. Por esta acción uno de los
afectados inició un amparo que fue concedido por un Juzgado constituido en
Tribunal Constitucional de Amparo. Sin
embargo en lugar de pagar las prestaciones estos individuos prefirieron seguir
costeando miles de quetzales en apelaciones. Estos honorarios pagados a sus abogados bien
podrían servir para pagar años de beneficios a colegas que lo necesitan y que
además les corresponde por derecho.
Existen
muchas anomalías, injusticias e ingratitudes, pero la gota que derramó el vaso
fue la suspensión de las normas y reglamentos.
La única explicación es que cuatro sujetos ilegítimos tratan de
utilizar este artilugio legal para perpetuarse en el cargo sin importar cómo lo hagan.
Un día después de vencer el período de los dos años de manera cínica e irresponsable publican una nota en la que no solo evidencian que no entregarán el cargo sino que si se llegaran a hacer las elecciones las impugnarían, lo que significa que de cualquier manera no entregarían como manda la ley, en esta oportunidad se basan en una extraña nota del tribunal electoral:
Un día después de vencer el período de los dos años de manera cínica e irresponsable publican una nota en la que no solo evidencian que no entregarán el cargo sino que si se llegaran a hacer las elecciones las impugnarían, lo que significa que de cualquier manera no entregarían como manda la ley, en esta oportunidad se basan en una extraña nota del tribunal electoral:
- 2. Al ser evidente la carencia de un reglamento específico para organizar y realizar los procesos electorales en condiciones de legitimidad, decencia y dignidad democrática, existe un valladar legal que imposibilita la convocatoria correspondiente, el mismo proceso y aún el resultado, sin el riesgo de ser impugnados dichos procesos por carecer del mencionado reglamento.
Pudieron engañarnos un tiempo, pero a estas alturas, quien no quiera darse cuenta de la situación en el colegio de arquitectos es porque carece de objetividad o desea permanecer en la oscuridad.
Al final contraviniendo las leyes, con una franca y evidente oposición de los agremiados, estos cuatro sujetos se han resistido a entregar el cargo y lo seguirán haciendo hasta que los colegiados lo permitan y las leyes nos amparen.
La gran preocupación que sigue existiendo es:
¿por
qué se están resistiendo con tanta vehemencia a entregar un cargo que por ley
ya no les corresponde?
Movimiento
Pro Transparencia del Colegio de Arquitectos
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